Marcelo Mella
Cecilia Dastres
La ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras que comienza a regir desde noviembre de 2012, es, sin duda, un avance en el marco regulatorio de la actividad minera, pues obliga a las empresas a hacerse cargo de los pasivos mineros que tanto afectan a la población y al medio ambiente. Aunque sea sólo desde la perspectiva de "asegurar la estabilidad física y química" de éstos y el "resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y del medioambiente", dejando fuera la posibilidad de "re-establecer el medioambiente" para que pueda ser destinado a otros usos, como ocurre en países más avanzados.
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